La comunicación, expuesta también en el último congreso europeo de la especialidad, está basada en los datos de un informe interno de la Generalitat Valenciana elaborado en 2019 que nunca ha sido publicado y al que ahora ha tenido acceso EL PAÍS. Su título es Incidencia de agranulocitosis por metamizol en población europea residente de la provincia de Alicante (2016-2017) y analiza durante esos dos años las : Denia, Villajoyosa, Torrevieja, San Juan y Orihuela. Estas áreas son las de mayor presencia de residentes extranjeros y sumaban 916.000 habitantes, de los que 62.000 eran originarios del Reino Unido (el 6,7%) y 28.000 de otros países del norte de Europa.
La segunda forma es con el número de eventos de agranulocitosis por cada 1.000 pacientes que habían tomado metamizol. Entre los de nacionalidad española, la tasa es de 0,084 casos por 1.000 pacientes tratados (casi uno de cada 12.000), mientras que entre los británicos esta cifra asciende a 6,62 (uno de cada 151). Esto supone un riesgo relativo 78,8 veces superior.
El estudio aporta información relevante sobre una controversia abierta desde hace décadas. El metamizol fue comercializado por primera vez en Alemania en 1922 y sigue siendo muy utilizado allí y en Austria, Italia, Portugal, Rusia y Turquía, entre otros. En Bélgica y Países Bajos sigue aprobado, pero su uso está muy restringido. En cambio, Francia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y una treintena de países más lo han retirado por su relación con la agranulocitosis.
La posibilidad de que haya factores genéticos que provoquen que las reacciones adversas sean más frecuentes entre algunas poblaciones es el centro de recurrentes debates, aunque lo cierto es que prácticamente no existen estudios comparativos sólidos. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) sostiene que “la información disponible no permite descartar ni confirmar un mayor riesgo en poblaciones con características étnicas o genéticas específicas”. El organismo también defiende que el balance entre los beneficios y riesgos del metamizol sigue siendo positivo.
En la última década, sin embargo, en España ha habido repetidos avisos sobre problemas por el uso de metamizol en personas originarias del norte de Europa. La mayoría han surgido de hospitales en zonas con alta presencia extranjera (Costa del Sol, Denia...), cuyos centros han adoptado medidas específicas para prevenir riesgos. Estos casos han motivado varias demandas en los tribunales, la mayoría aún en curso.
Recomendando no usar el fármaco más allá de una semana y desaconsejándolo en población flotante. “La nota hace referencia a los turistas, cuando [el riesgo] realmente es con las personas de estos países residentes aquí”, criticó en , quien ha declinado ser entrevistado por este diario.
Un nuevo capítulo se vivió entre 2023 y 2024, cuando la después de que Finlandia decidiera retirarlo. La EMA concluyó que los beneficios del fármaco seguían superando a los riesgos, aunque impulsó cambios en los prospectos para facilitar la detección de complicaciones.
Sobre el informe de la Generalitat Valenciana, la AEMPS resta por escrito validez a sus conclusiones: “Tiene importantes limitaciones ya que no es analítico, sino descriptivo. No permite calcular incidencias ni riesgos relativos, lo que es crucial para evaluar el perfil de seguridad”. La agencia añade que “ni el diseño del estudio, ni el método de cálculo de las medidas de frecuencia, ni la estimación del riesgo relativo, ni la ausencia de control de otros sesgos permiten extraer la conclusión ofrecida”.
La AEMPS destaca otro estudio propio, publicado en 2024 en la a partir de la Base de datos para la Investigación Fármaco-epidemiológica en Atención Primaria (BIFAP), cuya conclusión principal es que “la agranulocitosis fue muy poco frecuente, pero más común con el metamizol que con otros analgésicos (más de cuatro veces superior)”. El trabajo, sin embargo, matiza que el bajo número de casos analizados impide descartar que las diferencias observadas se deban al azar.
Las respuestas de la AEMPS, en todo caso, dejan sin resolver dos cuestiones clave. La primera es que su estudio BIFAP no separa la población estudiada por países de nacimiento (la base de datos no registra este dato), lo que impide que el trabajo aporte luz a si existe o no un mayor riesgo entre la población británica.
La segunda tiene que ver con la infranotificación de muchos problemas relacionados con fármacos, que impide conocer la radiografía completa del problema en España. La AEMPS admite que desconoce si los nueve fallecimientos de Alicante fueron comunicados al sistema: “La inclusión de estos casos en la base de datos FEDRA [de efectos adversos] depende de que hayan sido notificados por profesionales sanitarios o ciudadanos. Dado que la información está anonimizada, no es posible determinarlo”. La agencia no ha ofrecido a este diario datos sobre los casos de agranulocitosis registrados en el país.
*Este contenido es informativo y no reemplaza la evaluación de tu profesional de salud.
